Tras la crisis financiera y económica mundial, el Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas conformó una Comisión de Expertos sobre las Reformas del Sistema Monetario y Financiero Internacional, con el fin de reflexionar sobre las causas de la crisis, evaluar su impacto en todos los países y sugerir respuestas adecuadas para evitar que se repita y para iniciar el proceso de recuperación de la estabilidad económica a nivel mundial. La Comisión tiene un plazo relativamente breve para cumplir con su mandato y producir un informe definitivo, que se distribuirá entre los Estados Miembros, otras partes involucradas y la opinión pública en general, como parte de una iniciativa de las Naciones Unidas, más abarcativa, para lograr las reformas económicas y financieras que sean necesarias. El informe será considerado durante el proceso de preparación de la Conferencia de la ONU al más alto nivel sobre la crisis económico-financiera mundial y su efecto sobre el desarrollo (solicitado en el documento definitivo adoptado en Doha en diciembre de 2008 – resolución A/RES/63/239).
El Presidente de la AG convocó al Servicio de Enlace de las Naciones Unidas con las Organizaciones No Gubernamentales (SENG) con el fin de reunir la experiencia y las reflexiones de la sociedad civil y armar un informe para describir los preparativos de la Comisión sobre Reformas Financieras creada por el Presidente de la Asamblea. El SENG llevó a cabo esta tarea a través de una consulta en línea de tres semanas de duración (26 de enero – 13 de febrero) en la que se solicitaron observaciones y comentarios sobre los cuatro temas que se tratan en la Comisión
(normativa financiera; temas multilaterales; temas macroeconómicos y cómo enfrentar la crisis; y reforma de la arquitectura financiera mundial). Luego el SENG dispuso de diez días para preparar este informe.
Durante la consulta, se recibieron casi 100 respuestas, muchas provenientes de distintas redes que reúnen millones de individuos para debatir distintos temas (comercio, cuestiones de género, sindicatos globales, medio ambiente, etc.) en varios países tanto del Norte como del Sur. Muchas de las organizaciones que respondieron la consulta son redes de cientos de organizaciones, o incluso "redes de redes" que representan a miles de miembros. Otras respuestas reflejan la opinión de un número menor de organizaciones o de individuos.
La consulta en línea del SENG tenía como objetivo ser tan inclusiva como fuera posible, y se la diseñó para que hiciera de nexo con la manera en que la Comisión está estructurando su trabajo. El SENG cuenta con una amplia capacidad para llegar a las organizaciones de la sociedad civil y, una vez informadas, las mismas organizaciones se ocuparon de promover la consulta dentro de sus propias redes.
El informe del SENG no representa un "documento de consenso" entre las ONG, sino que aspira a reflejar el contenido de las propuestas de la sociedad civil para reformar el sistema financiero y monetario internacional. Se espera que sirva para iniciar el debate y para echar luz sobre diversas cuestiones.
Para mayor información sobre la metodología de esta consulta, véase la página web del SENG (www.un-ngls.org/scf). Allí también se podrán encontrar diversas respuestas a la consulta enviadas por ONG.
Resumen ejecutivo
La actual crisis financiera y su continua extensión a la economía global ha generado una crisis de supervivencia para los pobres, no sólo los individuos pobres sino también las naciones pobres. Las economías se han desacelerado, se han perdido empleos, se está acabando la inyección de capital, los precios de los commodities y las tasas de cambio muestran signos de una volatilidad cada vez mayor, y todos estos factores están llevando a los países al borde de la crisis económica.
Es cada vez más claro que la crisis actual se está profundizando y que se requiere una respuesta global. [ActionAid International]
Si bien la consulta tuvo respuestas numerosas y variadas, surgieron varios temas centrales. En primer lugar, casi todos los que participaron de la consulta estuvieron de acuerdo en que la responsabilidad de la actual crisis financiera es del mundo desarrollado. Por lo tanto, son los países desarrollados quienes deben llevar adelante los cambios más fundamentales, tanto en términos de sus políticas nacionales como en las posiciones que adoptan en los foros internacionales de gobernabilidad económica. Para la mayoría de los consultados, la actual crisis global económico-financiera ha expuesto un marco erróneo de política macroeconómica que la sociedad civil ha denunciado durante décadas, síntoma de un déficit democrático en la gobernabilidad económica mundial, incluida la ausencia de una voz de peso que represente a los países en desarrollo en los foros relevantes donde se toman las decisiones.
Muchos abogaron no sólo por un papel más fuerte de las Naciones Unidas en la respuesta inmediata a la crisis: la responsabilidad de coordinar las reformas económicas y financieras globales a más largo plazo debería recaer directamente en las Naciones Unidas, en su calidad de organismo internacional más representativo y participativo de la actualidad. Las principales decisiones sobre reformas que afecten a todos los países no pueden dejarse en manos del G8, ni siquiera del G-20. De la misma manera, al requerir reformas profundas por parte del Banco Mundial, el FMI y demás instituciones financieras internacionales (IFI) de peso, así como la posible creación de nuevos organismos reguladores internacionales, la mayoría de los consultados sugieren que éstos deben estar institucionalmente dentro del ámbito de una ONU más fortalecida y que, en la práctica, deben estar en línea con los objetivos de la ONU relacionados con los derechos humanos, el desarrollo y el medio ambiente (Capítulo 2).
Respuesta inmediata a la crisis: una oportunidad estratégica
Una de las maneras en que los países desarrollados deberían hacerse responsables de la crisis actual es, en primer lugar, manteniendo sus compromisos de asistencia oficial para el desarrollo (ODA, por sus siglas en inglés) y luego, preparando un "paquete global de estímulos financieros" dirigido a los países en desarrollo. Este paquete no debería generar nuevas deudas ni estar atado a condicionamientos que limiten la capacidad de los países en desarrollo de responder a la crisis de manera flexible. De hecho, este paquete debería incrementar su capacidad de elegir entre un rango de opciones de políticas, incluyendo controles sobre los movimientos de capital (que deberían ser "relegitimizados" como herramientas esenciales para la prevención y mitigación de crisis) y varias medidas anticíclicas. Este estímulo también podría incluir el alivio de la deuda de los intereses acumulados por atrasos en los pagos durante las décadas pasadas.
Cualquier tipo de estímulo debería tener en cuenta las dimensiones sociales de la presente crisis, en particular el impacto en las cuestiones de género. Casi todas las respuestas enviadas mencionan la necesidad de implementar algún tipo de "piso social" tras la crisis actual. Se argumenta que, en esta época de crisis, se deberían ampliar —en vez de reducir— las diversas formas de protección social, que con frecuencia son la primera víctima de los recortes presupuestarios. Muchos insistieron en que estas medidas tendrían, de hecho, un impacto positivo a largo plazo en el desarrollo de todos los países. La crisis debería ser, asimismo, una oportunidad para reorientar políticas macroeconómicas (incluso el mandato de los bancos centrales) para que sean coherentes con los objetivos de desarrollo y de trabajo decente y para todos. (Capítulo 3)
De hecho, la mayoría de quienes respondieron a la consulta instaron a los gobiernos a "no desaprovechar" la crisis actual y a tomarla como oportunidad para ocuparse de las otras "crisis" (alimentos y clima, crecimiento sin empleo y trabajo informal por debajo de la línea de pobreza), y también a desarrollar estrategias para el desarrollo social y económico que sean sostenibles a largo plazo. Quienes respondieron a la consulta sostuvieron con firmeza que la crisis debería ser aprovechada como una oportunidad sobre todo para desarrollar una economía ecológica mundial que respete y conserve nuestros bienes comunes a nivel global, prevenga el avance del calentamiento global y garantice un medio ambiente sostenible, seguro y limpio para las generaciones futuras. [Social Watch]
Cooperación internacional en materia fiscal
Las múltiples dimensiones de la política fiscal internacional fueron tratadas por muchos participantes de la consulta como una importante cuestión normativa, así como un instrumento redistributivo necesario. Los resquicios en el ámbito tributario se traducen en resquicios en la normativa así como en una hemorragia masiva de ingresos públicos y origen de injusticia generalizada. La movilización de recursos a través de la cooperación internacional en materia fiscal se consideró más necesaria que nunca, en el actual contexto de descomunales salvatajes financieros financiados con déficit y estímulos en los países ricos y de limitaciones a la capacidad de los países más pobres de perseguir políticas anticíclicas y mantener el gasto presupuestario. Esto incluía la cooperación para poner freno o eliminar los paraísos fiscales, la evasión tributaria y la fijación de precios de transferencia, la cooperación regional para fijar pisos a los impuestos corporativos, así como diversas formas de gravamen internacional (sobre todo el impuesto a las transacciones de cambio de divisas) que podrían reunir una gran cantidad de recursos y a la vez cumplir una función regulatoria. Hay quienes solicitaron la creación de una Organización Tributaria Internacional y, mientras tanto, que se fortalezca significativamente la tarea de la ONU en el ámbito de la cooperación en materia fiscal (Capítulo 1).
Volver a regular las finanzas para servir a las personas y a la economía real
Se envió una serie de propuestas concretas para dotar de transparencia al sistema financiero y reducir el riesgo sistémico, como por ejemplo abolir las jurisdicciones sujetas a secreto [bancario], aumentar los requerimientos aplicables a los derivados y mercados de fondos de riesgo (hedge funds), poner límites a los índices de apalancamiento y la "socialización" efectiva de las instituciones financieras que son "demasiado grandes como para fracasar". Con la doble crisis de los precios de los alimentos y de la energía que precedió al impacto mundial a pleno de la crisis financiera, muchos entre quienes respondieron a la consulta enfatizaron la necesidad de adoptar medidas públicas especiales para frenar o eliminar la especulación con commodities esenciales para la dieta básica y con los mercados energéticos.
Varias propuestas mencionan la necesidad de normativas "anticíclicas" como alternativa esencial a las políticas procíclicas de tipo "boom and bust" (marcado ascenso y caída abrupta de precios de commodities) que caracterizaban el paradigma de autorregulación enraizado en [el acuerdo de] Basilea II. Al margen de lo anterior, los participantes en la consulta consideraron importante el papel de la regulación en el direccionamiento de las finanzas hacia objetivos sociales a largo plazo y el retorno de éstas a una de sus funciones esenciales: la de financiar la producción en la economía real. Esto se podría lograr a través de una combinación de prohibiciones, multas e incentivos, el análisis cuidadoso de los capitales que ingresan, y nuevas regulaciones que favorezcan (en vez de penalizar de facto) las formas cooperativas de financiamiento y reinversión comunitaria. También implicaba una revisión fundamental de las agencias de calificación crediticia y la redefinición de los criterios de riesgo, para incluir parámetros de sostenibilidad y cohesión social a largo plazo (Capítulo 1).
Una nueva arquitectura de endeudamiento público
Muchas redes internacionales que hacen campañas sobre el endeudamiento aportaron un enfoque exhaustivo para construir una nueva arquitectura de endeudamiento soberano, incluyendo un mecanismo justo y transparente para la renegociación ordenada de deudas y para la cancelación de deudas odiosas e ilegítimas. Se mencionó frecuentemente lo que se describió como decisión histórica tomada por Noruega de retirar varios reclamos sobre la base de “políticas fallidas de desarrollo" y "responsabilidad compartida". Asimismo, muchos participantes en la consulta mencionaron la exhaustiva auditoría de deuda realizada por Ecuador y la suspensión de los pagos originados por ciertos reclamos sujetos a mayor investigación argumentando que se debería tomar como un modelo que la ONU debería alentar y apoyar.
Se realizó una amplia convocatoria para revisar y redefinir la sostenibilidad de la deuda en términos de los objetivos de desarrollo y de derechos humanos. También apuntaría a disuadir a los acreedores de ofrecer préstamos irresponsables y podría ser la base para desarrollar una plataforma común o convenio para un sistema de financiamiento responsable y de principios.
Arquitectura financiera mundial: compensar los desequilibrios y asimetrías a nivel global
Muchas propuestas incluían diversas mediciones para solucionar los desequilibrios y asimetrías a nivel global en la economía mundial, que contribuyeron a las crisis no sólo actual sino también pasadas y que reforzaron la inequidad en todo el mundo, sobre todo en términos de flujos financieros netos Sur – Norte y de desiguales capacidades de respuesta ante las crisis.
Una serie de aportes a la consulta identificó los bruscos virajes en las tasas de cambio como una importante fuente de inestabilidad e inequidad, que afecta las relaciones comerciales de manera más esencial que los determinantes comerciales que figuran en la agenda comercial oficial, lo cual obliga a la ONU a cumplir una función protagónica en la solución de este problema perenne desde la caída del sistema de Bretton Woods, en la década del setenta. En particular, algunos consultados alientan a la Comisión a considerar la reciente propuesta de la UNCTAD de implementar un régimen multilateral de cambio para evitar la especulación con el tipo de cambio.
En numerosas respuestas a la consulta se enfatizan los enfoques regionales como alternativa o peldaño hacia la estabilización multilateral de las tasas de cambio, descritos con frecuencia en el contexto de programas de desarrollo regional más profundos —incluido el Banco del Sur en América Latina— y medidas monetarias regionales y acumulación compartida de reservas. Se mencionó en particular la "propuesta ecuatoriana", que implica una cooperación regional más estrecha en el campo monetario hacia mecanismos regionales de tipo de cambio, la acumulación conjunta de reservas y su convertibilidad a una nueva moneda regional.
Unos pocos participantes de la consulta ofrecieron y comentaron propuestas para una reforma financiera global más fundamental, que incluya la creación de un nuevo sistema global de reservas para anclar las tasas de cambio, con capacidad de "seigniorage" (emisión), y que implique una disciplina simétrica en países con déficit y con superávit. Las propuestas abarcan desde la emisión de Derechos Especiales de Giro (SDR, Special Drawing Rights) por parte del FMI para la estabilización financiera y monetaria y para los objetivos de desarrollo hasta el establecimiento de una Unidad Internacional de Compensación Monetaria (IMCU, International Money Clearing Unit) que sólo tendrían los bancos centrales de naciones que cumplen las reglamentaciones impuestas por un sistema de unidad de compensación monetaria. Este sistema implicaría la distribución pareja de la responsabilidad entre países con superávit y países con déficit.
Otros fueron más circunspectos sobre las soluciones monetarias globales. Un punto clave del posible traslado a un nuevo sistema de tasas de cambio fijas fue cómo se fijaría la tasa de cambio inicial de cada país, en el contexto de los desequilibrios de poder asociados con los valores asimétricos de cada moneda. Hasta que no se puedan sortear estos obstáculos políticos, muchos prefirieron los enfoques regionales e insistieron en que la primera línea de defensa para los países en desarrollo siguen siendo el uso efectivo de los controles de capital (o técnicas de "capital management" o gestión del capital) para manejar los movimientos de capital desestabilizadores (incluidos los ataques especulativos a las monedas nacionales), el control de la calidad de los ingresos de capital y la prevención de la fuga de capitales (Capítulo 4).
Las soluciones a las crisis actuales no deberían basarse en el restablecimiento o el rescate de un sistema fracasado, sino en el cambio de dicho sistema. La ONU puede y debe ponerse a la altura de las circunstancias. [Jubilee South]
